El intendente de Allen, Marcelo Román, fue imputado formalmente este jueves por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado, en el marco de una investigación judicial que también involucra al empresario de medios Sebastián Ocampo.

La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías Natalia González, quien hizo lugar a la formulación de cargos impulsada por la fiscalía y habilitó la continuidad del proceso penal. A partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal contará con un plazo de dos meses para completar la investigación y avanzar hacia la etapa de control de acusación, previa a un eventual juicio.

La causa se originó a partir de una denuncia vinculada al presunto uso irregular de un teléfono celular adquirido con fondos municipales. Según la hipótesis de la fiscalía, el dispositivo fue comprado por la Municipalidad de Allen y posteriormente entregado para uso de una persona ajena a la administración comunal.

Durante la audiencia, las defensas cuestionaron tanto la existencia de evidencia suficiente como la aplicación de las figuras penales de peculado y administración fraudulenta. Sin embargo, la magistrada sostuvo que en esta instancia procesal no corresponde determinar responsabilidades definitivas ni producir prueba, sino verificar si existen elementos mínimos que permitan avanzar con la investigación.

En ese sentido, González consideró que las fiscales Graciela Echegaray y María Celeste Benatti alcanzaron el estándar de probabilidad requerido por la ley para formalizar la imputación.

De acuerdo con la acusación, entre marzo de 2024 y julio de 2025 Román habría autorizado la compra de un teléfono celular bajo la modalidad de servicio corporativo, con fondos del municipio. La fiscalía precisó que el equipo tuvo un costo de 479.999 pesos y que el abono mensual, también a nombre de la Municipalidad, elevó el gasto total a 596.812,38 pesos.

Según el Ministerio Público Fiscal, el intendente habría retirado el bien de la esfera patrimonial del Estado municipal para entregárselo a Sebastián Ocampo, quien no sería agente municipal ni tendría vínculo contractual alguno que justificara la tenencia del dispositivo.

La acusación sostiene que esta conducta implicó un quebrantamiento de la obligación de custodia sobre los bienes públicos y ocasionó un perjuicio económico al erario municipal.

Respecto de Ocampo, la fiscalía lo señaló como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta. Según la investigación, habría recibido y utilizado el teléfono con pleno conocimiento de que se trataba de un bien estatal al que no tenía derecho de acceso.

Los fiscales afirmaron además que el empresario no solo utilizó el dispositivo, sino que habría intervenido de manera activa en cuestiones vinculadas a la gestión municipal. En ese contexto, sostuvieron que utilizó el teléfono para impartir órdenes y directivas a empleados comunales, atribuyéndose facultades de gestión que no le correspondían.

Al fundamentar su resolución, la jueza destacó que la evidencia presentada permite sostener, de manera provisoria, que Román es funcionario público, que tiene una relación funcional con los bienes municipales y que el teléfono investigado habría sido retirado de la esfera de custodia del municipio para ser utilizado por un tercero.

Asimismo, recordó que la formulación de cargos tiene por finalidad informar a los imputados cuáles son los hechos investigados, la calificación legal provisoria, el grado de participación atribuido y las pruebas reunidas hasta el momento.

González aclaró que los planteos realizados por las defensas fueron correctamente introducidos en el expediente y podrán volver a discutirse en etapas posteriores, cuando la investigación se encuentre más avanzada y las partes cuenten con mayores elementos para sostener sus posiciones.

La fiscalía y la querella atribuyen a Román los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado, en concurso ideal. En tanto, a Ocampo se le imputa la participación necesaria en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Con la formulación de cargos ya confirmada, la causa ingresó formalmente en la etapa de investigación preparatoria, que definirá si los elementos reunidos son suficientes para llevar a los acusados a juicio.