Durante su primera sesión ordinaria del año, el Senado bonaerense dio media sanción al proyecto de Régimen Previsional Especial de Malvinas, una medida reparatoria que contempla a los exsoldados que no continuaron con sus carreras en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) por las secuelas del conflicto bélico de 1982, y también a aquellos excombatientes que no fueron derivados a otros puestos de trabajo estatales.

El proyecto ya había obtenido aval legislativo en 2025, pero tras recibir duros cuestionamientos desde el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) al esgrimir que la normativa promovía una especie de “lobby militar” para beneficiar a genocidas de la dictadura., se cambió gran parte del texto que tuvo que volver a ser tratado esta tarde por el Senado bonaerense.

El proyecto, que ya fue girado a Diputados, fue redactado por los senadores oficialistas María Rosa Martínez y Adrián Santarelli. Según apuntaron en su momento los autores del proyecto, el Régimen Previsional Espacial solo abarca a los suboficiales y oficiales que, por las heridas de guerra, desempeñaron tareas en el Estado provincial, sin incluir a aquellas personas que no consiguieron lugar en el Gobierno bonaerense pese a que no lograron proseguir con su trayectoria militar producto de las secuelas bélicas.

En ese sentido, la propuesta inicial establecía que estos excombatientes de Malvinas deberían acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense para gozar del beneficio, que será equivalente al 80% de la mejor remuneración percibida en la provincia de Buenos Aires, y que incluye el goce del 100% de los subsidios mensuales estipulados en la Ley 13.659.

El CECIM de La Plata advirtió que el proyecto original podía beneficiar a exmilitares denunciados por torturas durante la Guerra de Malvinas.

Sin embargo, en octubre del año pasado los héroes de guerra alertaron que, si la Legislatura bonaerense sancionaba esa ley, se legalizarán “beneficios jubilatorios ilegales” que no solo comprometerán los recursos del Gobierno provincial, sino que también reconocerán a exmilitares que tomaron cargos como auxiliares en escuelas bonaerenses sin respetar la Ley 10.430 sobre los requisitos para el ingreso a la Administración Pública.

Sucede que, el certificado de baja obligatoria de las FF.AA presentado por estos militares no especifica los motivos de por qué cesaron su carrera en el Ejército. Según el CECIM, esto permitió que varios exsoldados que cometieron delitos, faltas disciplinarias e incluso alzamientos contra el orden constitucional, utilizaran la falta de controles para ingresar a trabajar en el Estado.

“Quienes hoy pretenden modificar esta ley no estuvieron abandonados por el Estado nacional. Al momento del conflicto eran profesionales y parte de la peor dictadura que sufrió nuestro país. Lamentablemente si esta ley se modifica, muchos de los que fueron denunciados por torturar a los soldados, hoy serían beneficiados por esta modificación”, expusieron desde el CECIM.