La legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentó un proyecto de ley para prohibir en toda la provincia de Río Negro la instalación, habilitación y funcionamiento de los cotos de caza de manera definitiva. La iniciativa, difundida el 5 de mayo de 2026, plantea un cambio jurídico profundo: pasar de una concepción antropocéntrica a una ecocéntrica, donde los animales sean respetados como individuos valiosos y seres sintientes, y no como meros objetos económicos o de entretenimiento.

En los fundamentos del texto se lee una frase contundente: “La tortura no es arte ni cultura”. El documento sostiene que los cotos de caza fomentan la mercantilización de la vida silvestre y se apartan de los principios del nuevo derecho animal. Actualmente, Río Negro cuenta con 14 establecimientos habilitados para la caza deportiva, que integran un exclusivo circuito de turismo cinegético de alcance internacional.

Odarda destacó que en esos recintos privados, la matanza de fauna silvestre para obtener trofeos mueve cifras exorbitantes, llegándose a pagar hasta 3.500 euros por pieza cazada. Uno de los puntos más críticos que señala la propuesta es la grave desproporción entre la magnitud de ese lucrativo negocio y la limitada capacidad de control del Estado.

Según información oficial remitida por la Subsecretaría de Fauna que menciona la legisladora, la provincia dispone de solo cinco guardafaunas y tres vehículos para fiscalizar no solo esos 14 cotos, sino también el conjunto de las áreas naturales protegidas. Esa falta de fiscalización incrementa significativamente el riesgo de maltrato animal y pone en peligro a especies protegidas de la región como el huemul, el pudú y el puma.

El proyecto cuestiona directamente la legalidad del aprovechamiento privado de la fauna silvestre al recordar que esta constituye un bien natural común que pertenece a toda la sociedad. Además, remarca que habilitar actividades que implican un sufrimiento innecesario contradice los avances en materia de protección animal.

En sus conclusiones, la autora del proyecto sostiene que prohibir esos establecimientos es una medida razonable y necesaria para garantizar la protección integral de la biodiversidad y fomentar una cultura de paz. Argumenta que matar por diversión y premiar con la cabeza de un animal no humano fomenta un patrón de violencia incompatible con la sociedad actual.