El presidente del bloque CC ARI Cambiemos, Javier Acevedo, presentó un proyecto de ley para reformar la Ley Provincial N° 3.550 de Ética Pública, con el objetivo de facilitar el acceso a la información sobre el patrimonio de los funcionarios públicos. La iniciativa busca actualizar el régimen de declaraciones juradas, incorporar herramientas digitales y fortalecer el control ciudadano sobre la evolución patrimonial de quienes ejercen cargos públicos.

“La democracia se sustenta en un contrato implícito de confianza entre la ciudadanía y sus representantes y funcionarios públicos, y exige de éstos una conducta ética, transparencia y honestidad en la administración de los fondos y asuntos públicos”, sostuvo Acevedo en los fundamentos de la iniciativa.

Nuevas obligaciones y mayor transparencia

Entre los principales cambios, se incorpora la obligación de declarar activos en criptomonedas, fideicomisos, fondos de inversión y vínculos comerciales o profesionales que puedan representar conflictos de intereses. Además, las declaraciones juradas deberán presentarse en formato digital y estarán disponibles para consulta pública a través de las páginas web oficiales del Estado provincial.

“Consideramos que es oportuno y necesario efectuar modificaciones a nuestra Ley N° 3550, a fin de modernizarla, despejar cualquier grado de opacidad dándole la mayor transparencia y facilitar a la ciudadanía el acceso a la información del estado patrimonial de los funcionarios públicos”, expresó el legislador.

La propuesta también establece la obligación de informar participaciones en sociedades, empresas, fundaciones u organizaciones, así como relaciones laborales, comerciales o profesionales mantenidas hasta dos años antes de asumir el cargo cuando puedan configurar incompatibilidades o conflictos de intereses.

Antecedentes y resguardo de datos sensibles

En los fundamentos del proyecto, Acevedo destacó que distintas jurisdicciones del país ya avanzaron en la actualización de sus normativas sobre declaraciones juradas de funcionarios públicos. En ese sentido, mencionó los casos de Córdoba, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se impulsaron reformas orientadas a fortalecer la transparencia, modernizar los mecanismos de control y ampliar el acceso ciudadano a la información pública.

Asimismo, la iniciativa prevé preservar de manera confidencial determinados datos sensibles vinculados a la seguridad personal y familiar de los funcionarios, como la ubicación exacta de inmuebles, números de cuentas bancarias o datos filiatorios de menores.

“La publicidad adecuada de las Declaraciones Juradas no solo fortalece el control ciudadano, sino que también protege y respalda a los ciudadanos honestos frente a sospechas infundadas”, señala el texto presentado por Acevedo.

Finalmente, el legislador remarcó que “estas modificaciones contribuirán en forma significativa al fortalecimiento de la confianza pública, la calidad institucional y el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones democráticas”.