Un llamado anónimo al 0800-DROGAS fue el puntapié inicial de una investigación que, durante un mes, combinó tareas de inteligencia, seguimientos y análisis de pruebas hasta concluir con un allanamiento en una vivienda de Viedma. El resultado del operativo dejó dos armas de fuego secuestradas, 19 municiones y elementos relacionados al cultivo de cannabis que, sin embargo, no derivaron en infracción por estar el morador habilitado por el REPROCANN.

El procedimiento fue coordinado por la fiscal federal Florencia Albarracín y ejecutado durante la mañana por personal de la Delegación de Toxicomanía de la Policía de Río Negro en un domicilio ubicado sobre calle Las Heras al 800. La denuncia anónima, recibida semanas atrás, había activado un trabajo sostenido de inteligencia que permitió reunir los elementos suficientes para que la Justicia Federal autorizara la medida.

Al ingresar a la vivienda, los efectivos detectaron rápidamente un invernadero en el patio trasero. Allí hallaron 10 plantas de cannabis, frascos con flores, ramas en proceso de secado y semillas preparadas para cultivo. También encontraron dos balanzas de precisión, elementos que suelen asociarse al fraccionamiento para eventual comercialización.

Sin embargo, durante la requisa se constató que el hombre mayor de edad que ocupaba la vivienda contaba con una autorización vigente del REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis Medicinal) para el autocultivo con fines medicinales. En cumplimiento de la normativa vigente, la Fiscalía Federal dispuso la inmediata restitución de todos los elementos vinculados al cannabis.

Pero el procedimiento no terminó allí. A medida que avanzaba la inspección dentro del domicilio, los efectivos encontraron dos armas de fuego: un revólver calibre .32 y una escopeta calibre .22, acompañadas de 19 proyectiles. Ninguno de estos elementos contaba con documentación ni autorización legal, lo que derivó en su secuestro inmediato.

Como consecuencia, el hombre quedó supeditado a una causa por tenencia ilegal de armas de fuego, a la espera de la resolución judicial. Si bien la investigación no logró confirmar una red de comercialización de estupefacientes, permitió detectar una situación irregular que ahora es materia de análisis en la Justicia Federal.