La crisis presupuestaria en las universidades públicas alcanzó un punto crítico. Así lo advirtió Silvia Torres Robles, secretaria de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Río Negro (ADURN), quien detalló que las casas de altos estudios enfrentan una deuda estatal de 2,5 billones de pesos y una caída del poder adquisitivo docente cercana al 40%.

“Los docentes universitarios estamos cobrando un salario que tiene una actualización del 64% por debajo de la inflación. Es como si no hubiésemos cobrado durante 7 u 8 meses”, explicó Torres Robles en diálogo con este medio. En ese marco, señaló que muchas instituciones funcionan “por inercia” y que algunos docentes ya están dejando sus cargos porque “no se puede vivir con estos sueldos”.

La dirigente gremial anunció la adhesión a un paro nacional de una semana y convocó a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a participar de la Marcha Federal Universitaria del próximo 12 de mayo. “Necesitamos que nuevamente la comunidad apoye nuestro reclamo”, sostuvo.

El eje central del conflicto es el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso y aún no aplicada por el Poder Ejecutivo. Torres Robles recordó que la norma fue ratificada tras un veto, que la Justicia falló dos veces a favor de su implementación y que el pasado 17 de abril venció el plazo para que el Gobierno presentara un nuevo recurso.

“El presidente sigue sin destinar recursos. La ley sigue vigente y debe cumplirse”, criticó la gremialista, a la vez que cuestionó que el Ejecutivo recurra a la Corte Suprema para dilatar su aplicación.

Entre los puntos no cumplidos, mencionó los artículos 5 y 6 de la ley, que refieren a la recomposición salarial docente y al presupuesto para becas estudiantiles. También reclamó la convocatoria a paritarias para negociar salarios y presupuesto universitario.

“No es solo un tema salarial. Esto pone en peligro la calidad educativa, la investigación científica y los proyectos de extensión. Es un efecto dominó”, afirmó Torres Robles, y concluyó: “El objetivo es lograr un fuerte respaldo social a la universidad pública como presión para revertir esta crisis”.

La Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo se perfila como una nueva jornada de protesta en todo el país, en defensa de la educación pública y frente a lo que los gremios consideran un ajuste histórico.