Pasó la tercera semana de marzo, y creo que ya hice un comentario sobre la sensación de estar en noviembre. Pero no. Vamos a hablar se cositas que pasaron por acá. Resulta que en el medio de la adaptación de lo que será el ritmo del año, apareció en una nota periodística local[1] la mención sobre la posibilidad de reformar la Carta Orgánica de Viedma. Y considero que es un tema de agenda pública que no es menor, que debería nutrirse de todas las voces locales posibles que habiliten un proceso para sentipensar y habitar la ciudad de manera inclusiva. 

Porque cada vez que una ciudad discute sus reglas de juego, en realidad está discutiendo mucho más que normas: está definiendo qué modelo de ciudad quiere ser. En la región, estos procesos no son nuevos. Varias ciudades intermedias han avanzado en reformas en los últimos años, muchas veces impulsadas por la necesidad de modernizar estructuras institucionales, incorporar herramientas digitales o agiornar marcos normativos que quedaron viejos frente a nuevas demandas sociales.

Ahora bien, cuando uno rasca un poco más allá del discurso de la “modernización”, aparecen matices. En algunos casos, las reformas en ciudades cercanas han ampliado derechos, incorporado mecanismos de participación ciudadana o fortalecido agendas como ambiente, género o transparencia. Pero en otros, han quedado reducidas a cambios más bien técnicos: reorganización administrativa, ajustes de competencias o incorporación de lenguaje más actual sin alterar demasiado las relaciones de poder existentes. Es decir, reformas que ordenan, pero no necesariamente transforman. A estas se las denomina conservadoras. 

Y es aquí donde quiero poner el foco. Porque una reforma de la Carta Orgánica no debería ser solo un ejercicio de actualización técnica, sino una oportunidad política en el sentido más profundo: preguntarnos quiénes pueden habitar la ciudad en igualdad de condiciones y quiénes siguen quedando al margen. Cuando estos procesos se encaran desde una lógica tecnicista, el riesgo es claro: se prioriza la eficiencia, la gestión y el “funcionamiento” del Estado, pero se dejan en segundo plano las desigualdades concretas que atraviesan la vida de los/as ciudadanos/as, los/as vecinos/as, los/as habitantes.

En este punto, el concepto de derecho a la ciudad, trabajado por autores como Jordi Borja, aporta que no se trata solo del acceso a servicios o infraestructura, sino del derecho efectivo a participar en la construcción de la ciudad y a apropiarse de sus beneficios. Es, en definitiva, el derecho a habitarla en condiciones dignas, pero también a incidir en sus decisiones. Pensar una reforma sin esta perspectiva implica dejar afuera la dimensión más democrática de lo urbano: quién decide, quién participa y quién queda relegado a ser solo usuario/contribuyente, o directamente excluido, de lo que otros diseñan.

<Y esas desigualdades no son abstractas o neutrales, ya lo venimos diciendo. Tienen género, edad, territorio, ingresos. No vive la ciudad de la misma manera una mujer con tareas de cuidado que alguien con tiempo disponible; no es igual acceder a derechos desde un barrio con buena conectividad que desde uno donde el transporte o internet son problemas cotidianos; no es lo mismo envejecer en una ciudad pensada para cuerpos jóvenes y autónomos, que para personas con limitaciones en la movilidad o diferentes necesidades. Por eso, hablar de derecho a la ciudad y de enfoque interseccional no es un lujo teórico o retórico: es poner en el centro cómo se distribuyen realmente las oportunidades de habitar, moverse, participar y decidir, sobre todo sobre el destino de los recursos públicos.

En ese sentido, el desafío para Viedma, si avanza en este camino, no es solo reformar su Carta Orgánica, que de hecho en su contenido habla del Derecho a la Ciudad, sino evitar que esa reforma sea conservadora en sus efectos, aunque suene moderna en su lenguaje. La pregunta clave no es qué tan actualizada queda la norma, sino a quién le mejora la vida. Porque una ciudad que se piensa a sí misma de manera inteligente no es la que mejor ordena sus procedimientos, sino la que se anima a revisar sus desigualdades y a construir reglas más justas para quienes la habitan. Y ahí sí, la reforma deja de ser un trámite institucional para convertirse en una verdadera discusión sobre el futuro común. 

Bueno, los dejo acá, más acotado como me pidieron. Vuelvo a ajustar los horarios familiares para definir si voy a poder arrancar con alguna actividad física y mientras voy revisando lo que sucede esta semana para volver a escribir por acá y contribuir para que el debate público sea un poco más diverso y que la toma de decisiones en democracia sea inclusiva y sensible a las desigualdades que nos atraviesan. Saludos 

politiloca[2]

[1] Varela, Chavo (2026) Entrevista al Defensor del Pueblo de la ciudad de Viedma. En: https://youtu.be/_5cNW9ndyBA?si=tweC39RO6VE0_qm5

[2] El nombre lo puso mi hijo Joaquín cuando era chico y me preguntó por mi profesión. Politóloga le dije, politiloca es mejor, me dijo él. Y algo de razón tenía porque para meterse en algunas cosas hay que estar un poco loco, y si pretendemos comprender el mundo tal cómo está ni te cuento. Si la vida me deja, ésta será una columna semanal sobre la vida pública de la ciudad: decisiones, contradicciones, pequeñas historias de la política local y sus efectos en la vida cotidiana. Porque a veces la política explica la ciudad… y a veces la ciudad explica lo politiloco que puede ser todo.