La Coordinadora de Jubilados (CORJUB) salió al cruce de una polémica decisión del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), al denunciar la contratación directa de una empresa privada para realizar auditorías médicas. Se trata de la firma Pyxis, con sede en Capital Federal, que percibirá 59 millones de pesos mensuales sin mediar proceso licitatorio alguno.

Según denunció la entidad, el convenio tiene como objetivo fiscalizar los servicios que los prestadores privados brindan a la obra social provincial, incluyendo el control de facturaciones, desvíos y sobreprestaciones. Sin embargo, desde CORJUB calificaron la cifra como “sideral” y fuera de toda lógica, en un contexto donde el IPROSS “cada vez empeora sus servicios a los afiliados”.

“No se abrió ningún tipo de licitación. Se realizó una contratación directa con la empresa Pyxis por 59 millones de pesos mensuales. Es un gasto sin sentido que no puede afrontar una obra social que ya muestra serias deficiencias en la atención”, señalaron desde la Coordinadora.

Además, advirtieron sobre los riesgos de “traer una empresa privada con amplio manejo y relacionamiento con prestadores, farmacias y médicos”, lo que a su juicio “genera lógicas sospechas de negociados y corrupción, tan habituales en este tipo de contrataciones”.

Rechazo gremial y exigencia de auditorías internas

La Coordinadora de Jubilados rechazó de plano el convenio y exigió que sea el propio IPROSS el que realice las auditorías con su personal previamente capacitado. Como ejemplo, mencionaron el control de asistencia del personal provincial, que ya se realiza con recursos propios del Instituto.

“El IPROSS cuenta con información precisa y detallada de sus afiliados y de los prestadores. No necesita tercerizar este servicio por una fortuna mensual”, sostuvieron.

En ese marco, valoraron el rechazo manifestado por UPCN a la contratación directa, aunque marcaron diferencias sobre la solución. “Creemos que la solución no es hacer una licitación, sino exigir que sea el propio IPROSS quien realice estas auditorías”, remarcaron.

Marco legal vigente

Desde CORJUB recordaron que la Ley Provincial N.º 24.557 regula las auditorías médicas en el ámbito provincial, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes. Dicha norma contempla instancias que van desde verificar la corrección de los diagnósticos, las indicaciones precisas de los tratamientos, hasta el cumplimiento en tiempo y forma por parte de las entidades prestadoras.

“La ley ya prevé que se puede auditar sin necesidad de intermediarios millonarios. Lo que falta es voluntad política para terminar con el negocio de la salud en favor de los privados y recuperar la obra social provincial para los estatales y jubilados rionegrinos”, concluyeron desde la Coordinadora.