La conformación del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura rionegrina es un hecho consumado. Así lo confirmó Damián Torres, apoderado y vicepresidente del partido en la provincia, en diálogo con este medio. Tras una larga disputa judicial, el espacio que lidera César Domínguez obtiene su reconocimiento institucional, un paso que el abogado define como “un cambio de escenario” con proyección inmediata en el tablero político y de cara a las elecciones de 2027.

Fin de la disputa: “La resolución ya está firmada”

Torres fue tajante al referirse al estado de situación del bloque, que encabeza el legislador César Domínguez, a quien también representa en la causa judicial.

“En labor parlamentaria ya se había establecido esta situación. Me comunicó el legislador Domínguez que le notificaron que hoy pasara a buscar la resolución, que ya estaba firmada desde ayer con la aprobación del bloque”, explicó el letrado. Esta definición llega tras agotarse “todas las instancias judiciales en Río Negro”, donde la justicia determinó que la banca “corresponde a César Domínguez” por haber llevado adelante “la oferta electoral relacionada con las ideas de Milei”.

Para Torres, la demora en el reconocimiento institucional afectaba “el principio republicano”, pero la nueva resolución de la presidencia de la Legislatura, a cargo de Pedro Pesatti, viene a sellar una etapa.

El nuevo tablero: apertura a otros legisladores y distancia con CREO

La conformación del bloque, según el apoderado, no es un mero trámite. “Nos permite tener mayor actividad institucional y empezar a diagramar un nuevo tablero”, señaló. En este sentido, aseguró que ya existen diálogos para que otros legisladores se sumen al espacio.

“No tengo dudas de que vamos a tener incorporaciones de legisladores de distintos lugares. Al no tener bloque era muy difícil sentarse a hablar y construir. Hoy va a cambiar”, afirmó Torres, quien también vinculó este avance con una “plataforma para todo lo que se viene” en el año electoral.

Consultado sobre la figura del diputado nacional Aníbal Tortoriello, posible candidato a gobernador, Torres lo ubicó como “una de las grandes posibilidades”. Sin embargo, aclaró que “no es algo que va a definir LLA Río Negro, sino la conducción nacional”. No obstante, fue contundente al diferenciarse del bloque CREO dentro de la Legislatura: “Lo veo muy difícil que trabajemos en coordinación. Constantemente trabajan con el peronismo, y nosotros estamos lejos de compatibilizar con el peronismo”.

Causa Techo Digno: el acuerdo que cierra un calvario de 10 años

En otro tramo de la entrevista, Torres se explayó sobre la situación de su defendido, Gilberto Montanaro, exintendente de Cervantes, quien admitió su responsabilidad en la causa “Techo Digno”. El abogado justificó la decisión como una salida racional tras una década de proceso.

“Cada ciudad tiene su particularidad. Montanaro no tocó un centavo, pero tuvo un problema de gestión con la quiebra de la empresa Basquir. Eso derivó en extracciones en efectivo para pagar trabajadores”, detalló. Señaló que, pese a tener “muchísimas chances de ganar en un juicio”, el desgaste y la edad del exintendente (75 años) llevaron a buscar un acuerdo.

El pacto, que será homologado por un juez, implica una condena de tres años en suspenso y, como principal sanción política, “la imposibilidad de ser candidato”. Un punto central para la defensa fue la liberación de Claudia Montanaro, hija del exfuncionario, a quien la fiscalía terminó desistiendo de acusar por falta de elementos.

Juicio a Navarre: prisión efectiva o en suspenso

Torres, quien patrocina a la familia de Luis Salán, víctima fatal de un siniestro vial, actualizó el estado del juicio contra el conductor Navarre, quien manejaba con dos gramos de alcohol en sangre. “Hoy terminamos el juicio. Él reconoció la responsabilidad, solo discutimos la pena”, indicó.

Mientras la fiscalía y la querella piden “prisión efectiva”, la defensa busca una pena “en suspenso”. Torres reveló que no hubo acuerdo porque “Navarre nunca aceptó una pena de prisión efectiva, aunque sea corta”, y la familia de la víctima considera que “al menos a la cárcel tiene que ir”. Como agravante, mencionó antecedentes previos por alcohol al volante y una conducta posterior que, a su juicio, demuestra que “nunca aprendió nada”.