El Gobierno de Río Negro dejó sin efecto las licencias gremiales de la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Pública de Río Negro (ASSPUR), Cesira Mullally, y de la secretaria gremial, Marisa Albano. Además, se inició un sumario administrativo contra Albano, quien es oriunda de Viedma.

Desde el gremio calificaron la decisión como un avance directo sobre la libertad sindical. "Es un ataque directo a quienes alzamos la voz, pero también un ataque a los derechos laborales y sindicales de todos los trabajadores y trabajadoras", señalaron a través de un comunicado oficial.

La conducción de ASSPUR exigió "el cierre urgente e inmediato del sumario contra nuestra secretaria gremial y la restitución de las licencias gremiales". En su descargo, el gremio sostiene que la conducta del gobierno provincial "viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los artículos 48 y 53 de la Ley 23.551, los Convenios 87 y 98 de la OIT, y contradice los fallos de la Corte Suprema ATE I (2008), Rossi (2009), ATE II (2013) y N.Or.T.E. (2015), que garantizan la libertad sindical sin distinción".

Ante esta situación, ASSPUR convocó a las organizaciones sindicales, agrupaciones políticas y trabajadores de la salud a mantenerse en estado de alerta y asamblea permanente.

Se multiplican los apoyos a ASSPUR por la quita de licencias gremiales

La decisión del Ejecutivo provincial generó una rápida reacción en el arco gremial y político. A los respaldos iniciales de UnTER y la agrupación 17 de Noviembre, se sumaron sindicatos docentes, judiciales, organizaciones de salud y espacios políticos de Río Negro y otras provincias, que reclaman la restitución de los derechos de las dos dirigentes.

CUI.DO RN expresó su solidaridad con Mullally y Albano y reclamó la "revisión inmediata" de la medida, advirtiendo que existe una "vulneración de derechos constitucionales" y un intento de "silenciar reclamos legítimos".

Desde ADUNC Fiske (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue) vincularon la decisión con un intento de disciplinamiento hacia quienes defienden la salud pública, calificando la situación como parte de un escenario de "hostigamiento político".

El gremio docente neuquino ATEN Capital cuestionó la medida y la definió como un ataque contra la organización sindical. Señalaron que las dirigentes de ASSPUR son reconocidas como representantes gremiales y participan de reuniones con el Ejecutivo, por lo que consideraron improcedente el argumento de "inasistencias injustificadas" utilizado para abrir el sumario.

La repercusión trascendió la Patagonia. El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán, integrante de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), calificó la decisión como una "persecución gremial" y exigió la restitución de las licencias y el archivo del sumario. FESPROSA, a nivel nacional, sostuvo que el Gobierno provincial avanzó contra la libertad sindical al desconocer fallos de la Corte Suprema.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro consideró que la situación "no es un hecho aislado" sino parte de un mecanismo de disciplinamiento. Reclamaron el cierre del sumario contra Albano y la restitución de las licencias, advirtiendo que las medidas contradicen la Constitución Nacional y los convenios internacionales.

En paralelo, hicieron público su respaldo espacios políticos como Izquierda Socialista Río Negro, la Unidad Básica Benito Martínez y la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue. Todas las organizaciones coinciden en que el conflicto excede a las dos dirigentes y pone en discusión la vigencia de la libertad sindical en la provincia.

Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno de Río Negro no difundió una respuesta pública sobre los cuestionamientos ni sobre el pedido de restitución de las licencias gremiales.