Un hombre no podrá salir de la Argentina ni renovar su licencia de conducir hasta que cancele una deuda alimentaria que supera los siete millones de pesos. La medida fue dispuesta por una Unidad Procesal de Familia de Bariloche, que además puso el foco en las billeteras virtuales del demandado para identificar saldos embargables.

La resolución no se limitó a las restricciones tradicionales. La jueza interviniente ordenó oficios a plataformas como Mercado Pago, Ualá y Naranja X con el objetivo de detectar cuentas y fondos del progenitor que pudieran ser utilizados para garantizar el pago de la deuda acumulada con sus hijos.

En el mismo fallo, la magistrada advirtió a la empleadora del hombre por no haber respondido a requerimientos de información previos. Ante esta falta de colaboración, se reiteró el pedido de datos sobre retenciones salariales y otros embargos, se fijó un plazo de cinco días para responder y se estableció una multa diaria en caso de nuevo incumplimiento.

Además, la jueza ordenó comunicar la restricción de salida del país a todos los organismos de frontera y dispuso el bloqueo tanto del uso como de la renovación del registro de conducir. La medida busca impedir que el hombre eluda sus responsabilidades parentales mediante la movilidad o el desplazamiento fuera del territorio nacional.

La sentencia, de tipo monitoria, se dictó sobre una deuda que se fue acumulando con el tiempo ante la falta de pagos periódicos. En el expediente, la madre de los niños sostuvo la necesidad de aplicar medidas que produzcan resultados concretos y efectivos para garantizar el derecho alimentario de sus hijos.

Como parte de una batería de herramientas más amplia, la Unidad Procesal también solicitó informes al Registro Público de Juicios Universales. El objetivo es determinar si el demandado participa o ha participado en procesos sucesorios, lo que permitiría a la Justicia avanzar sobre eventuales derechos hereditarios del deudor para saldar la deuda.

Fuentes judiciales indicaron que todas estas acciones se inscriben dentro de las atribuciones que tienen los jueces de familia para intervenir en ejecuciones de alimentos, con el fin de sostener el proceso y generar condiciones reales para que las decisiones judiciales se cumplan.

Hasta el cierre de esta edición, no trascendió la identidad del demandado ni su empleadora. El caso sigue en trámite.