Después de dos décadas de una larga y dolorosa espera, la justicia federal emitió un veredicto en la causa por el escándalo del Yectafer adulterado, el medicamento contaminado que entre 2003 y 2004 causó la muerte de al menos cuatro personas y dejó secuelas irreversibles en otras 33 en todo el país. El fallo, dado a conocer este martes en los tribunales de Comodoro Py, tuvo un impacto profundo en Viedma, ciudad de donde era oriunda una de las víctimas fatales y una de las sobrevivientes que luchó incansablemente por justicia.

El Tribunal Oral Federal N°3, integrado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y José Antonio Michilini, resolvió condenar a seis de los diez acusados que llegaron a juicio. Las penas de prisión efectiva recayeron sobre:

• Pablo Jorge Cernadas (ex director de Compras de Química Belgrano - Quimbel): 8 años de prisión.
• Daniel Leonardo Rabinovich (dueño de Quimbel): 7 años de prisión.
• Miguel Cervera (propietario de Ampopck y Ampovit, empresas que proveyeron los envases): 5 años de prisión.
• Alberto Mario Akawie, Adrián Jorge Quintela y Víctor Julián Scattolini (involucrados en la maniobra de facturación trucha): 4 años de prisión cada uno.

Por otro lado, el tribunal dictó la absolución de Santiago Lucio Gavazza (dueño de la droguería de Bahía Blanca que comercializó el producto en Río Negro), Roberto Enrique Gegenschatz (socio de Quimbel), Diego Hernán Manzotti (chofer de la firma) y Sandra Liliana Vitale (socia de Cervera).

Además de las penas de prisión, el Tribunal dispuso millonarias indemnizaciones para las víctimas, con montos que van desde los 10 y 20 millones de pesos hasta cifras considerablemente mayores en los casos más graves, en concepto de daños materiales y morales.

El dolor de Viedma: Una víctima fatal y una sobreviviente que alza la voz

El caso tuvo una repercusión muy particular en la capital rionegrina. Allí, la joven Verónica Díaz, de 22 años, falleció el 23 de diciembre de 2004 tras cinco días de agonía en el Hospital Eva Perón de San Martín, provincia de Buenos Aires, a donde había sido derivada desde el Hospital Zatti de Viedma. Había recibido una inyección de Yectafer adulterado para tratar una anemia.

Pero Viedma también es el hogar de María Salaya, otra de las personas que recibió la inyección contaminada el 16 de diciembre de 2004 y que, contra todo pronóstico, logró sobrevivir. Su testimonio y su lucha han sido un pilar fundamental para mantener viva la causa. Tras conocerse el fallo, Salaya expresó su profundo descontento con una sentencia que, si bien condena a algunos responsables, no termina de reparar el daño causado ni satisface las expectativas de justicia.

"Duele tanto como la impunidad disfrazada de condena", sentenció María Salaya en un contundente mensaje que refleja el sentir de muchas de las víctimas, quienes vieron cómo varios de los acusados, considerados claves en la cadena de comercialización, como Santiago Gavazza, fueron absueltos.

Una causa que marcó un antes y un después

La investigación determinó que el lote adulterado de Yectafer-Hierro 5% (lote N° 03100718) fue comercializado con propiedades nocivas disimuladas mediante la falsificación del producto original, cuya elaboración autorizada correspondía al laboratorio Astrazeneca. Los peritajes demostraron que el medicamento contenido en las ampollas no había sido fabricado por el laboratorio autorizado, contenía tres veces más citrato de hierro de lo indicado, y su PH y densidad no coincidían con el producto original.

El entonces juez federal Norberto Oyarbide procesó en 2012 a 15 personas, describiendo una "banda responsable de la fabricación, distribución y comercialización del Yectafer adulterado". Según la pesquisa, el laboratorio clandestino funcionaba en el domicilio de Ángel Luis Cirullo (fallecido antes del juicio), quien compraba los insumos y armaba los medicamentos, para luego distribuirlos a través de Carlos Guido Maidana (también fallecido) y una red que incluía a los ahora condenados.

El juicio oral, que comenzó en noviembre de 2023, escuchó el pedido del fiscal general Miguel Ángel Osorio, quien solicitó penas de entre 7 y 16 años de prisión para nueve de los acusados y embargos millonarios para asegurar la reparación económica a las víctimas. Finalmente, la sentencia llegó con penas menores a las solicitadas y con la absolución de figuras clave para la defensa de las víctimas, como Gavazza.

Junto a Verónica Díaz, las otras víctimas fatales fueron Luciana Giménez (26), Paulina Álvarez (35) y Osbel Roly Lombardi (80). A ellas se suma el drama de Ángela Peralta, de Cinco Saltos, quien también sobrevivió a la inyección que recibió en mayo de 2005.

A más de 20 años de los hechos, el fallo genera sentimientos encontrados: si bien por un lado se reconoce la existencia de un entramado criminal y se envía a seis personas a la cárcel, por el otro, las absoluciones y la demora en la resolución dejan un sabor amargo entre quienes sufrieron en carne propia las consecuencias de uno de los mayores escándalos de adulteración de medicamentos en la historia argentina.