El debate por la distribución de recursos entre la Provincia y los municipios sumó nuevas definiciones oficiales: desde el Gobierno de Río Negro reiteraron que no existe ninguna decisión de reducir los fondos coparticipables que reciben las comunas y confirmaron que el proceso iniciado apunta a revisar los índices de reparto utilizando información actualizada.

La aclaración fue realizada por el Ejecutivo provincial luego de que en los últimos días surgieran cuestionamientos y declaraciones de dirigentes municipales sobre una eventual reducción de recursos. Desde la administración rionegrina indicaron que el monto total de dinero que se distribuye entre los municipios no se verá modificado, y que las reuniones convocadas con intendentes e intendentas forman parte de una instancia de análisis técnico del esquema vigente.

En ese marco, la Provincia descartó que exista una decisión unilateral de modificar el reparto o disminuir los fondos que reciben las localidades. Desde el Gobierno señalaron además que algunas expresiones públicas que hablan de una quita de recursos resultan "falaces y mentirosas", al considerar que el tema todavía se encuentra en una etapa preliminar de discusión.

El planteo oficial también incluyó cuestionamientos hacia intendentes que, según indicaron, enfrentan dificultades en la gestión de sus municipios y que, en ese contexto, buscan trasladar responsabilidades o explicar situaciones internas instalando polémicas sobre el tema de la coparticipación.

Un esquema basado en datos de 1991

De acuerdo con lo expuesto por la Provincia, la propuesta presentada en las reuniones con los gobiernos locales apunta a analizar la actualización de los índices de distribución tomando en cuenta la realidad demográfica, económica y productiva actual de cada municipio. Según se explicó, los parámetros que hoy se utilizan se basan en datos que tienen varias décadas de antigüedad, específicamente del Censo de 1991.

En ese sentido, desde el Ejecutivo recordaron que cualquier modificación del sistema de coparticipación requiere necesariamente el tratamiento y la aprobación de la Legislatura de Río Negro, y que actualmente no existe ningún proyecto de ley enviado para reformar el esquema vigente.

El sistema actual contempla un 40% de la distribución en función de la población de cada municipio, otro 40% en base a la recaudación provincial generada en cada jurisdicción y un 20% que se reparte en partes iguales entre todas las localidades. El objetivo ahora es reemplazar los datos poblacionales del Censo de 1991 por la información del Censo 2022, para reflejar de manera más precisa la realidad demográfica actual.

Mesas de trabajo y pedido de compensaciones

En paralelo, el Gobierno provincial comenzó a desarrollar mesas de trabajo regionales con intendentes para analizar los criterios técnicos del nuevo índice. La primera reunión se realizó en Villa Regina, con la participación del ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, y la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, junto a jefes comunales del Alto Valle.

Del encuentro participaron Claudia Montanaro (Cervantes), Albino Garrone (General Enrique Godoy), Miguel Petricio (Mainqué), Gustavo Amati (Fernández Oro), Luis Albrieu (Villa Regina), Lucas González (Chichinales) y Silvia Penilla (Ingeniero Huergo). Durante la jornada también estuvieron presentes equipos técnicos de las áreas de Hacienda y Rentas, quienes expusieron los criterios utilizados para la actualización del índice.

El ministro Ríos valoró el clima de la reunión y sostuvo que el intercambio permitió explicar el funcionamiento del índice y escuchar las posiciones de los municipios. "Fue una reunión muy positiva, donde pudimos explicar con claridad cómo se construye el índice actualizado y escuchar a cada intendente", señaló.

Sin embargo, en la reunión realizada en Valle Medio, los mandatarios locales congregados en Luis Beltrán, acordaron solicitar información al Ministerio de Hacienda antes de avanzar en definiciones. En ambos encuentros, la palabra más repetida fue "compensación". Los jefes comunales quieren garantías para que "nadie pierda" y plantean que, de ser necesario, los ingresos que tendrá la provincia por los proyectos energéticos VMOS y SESA deberán inyectarse a las municipalidades que se vean perjudicadas, y que ello esté en el texto de la ley.

Preocupación por los plazos y la discrecionalidad

Los intendentes quieren establecer, a partir de los datos de Hacienda, una estrategia para "negociar" con la Provincia. En todas las regiones se están llevando a cabo reuniones locales, tras el encuentro grande en Viedma la semana pasada. "Nos preocupa el apuro que tiene el Gobierno", indicó un jefe comunal ante la fecha límite que estableció el gobernador Alberto Weretilneck -fines de marzo- para generar acuerdos. "Es un tema complejo y muy importante, que lleva tanto tiempo con tironeos y ahora quieren arreglarlo en un mes", se quejó.

Los intendentes del oficialismo están especialmente preocupados. Por un lado no pueden alzar la voz (lo hicieron Viedma y Choele Choel y hubo reprimenda del Gobierno), y por el otro, la administración provincial "no es clara" -aseguran- sobre cómo serán las compensaciones. En consecuencia, temen "discrecionalidad" en ese punto y que haya "perjudicados políticos".

Por eso, tanto los oficialistas como los aliados y los opositores (que se verían perjudicados con el nuevo esquema) pretenden sumar más vectores de análisis que los de densidad poblacional, para equilibrar los ingresos.

Cronograma de reuniones

Las mesas regionales continuarán en los próximos días:

• Este viernes: encuentro en Viedma con municipios de la Zona Atlántica.
• Martes 10 de marzo: reunión en San Carlos de Bariloche con representantes de Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi y Ñorquinco.
• Miércoles 11 de marzo: encuentro en Los Menucos, junto a autoridades de Los Menucos, Pilcaniyeu, Comallo, Valcheta e Ingeniero Jacobacci.

El debate por la coparticipación suma así un nuevo capítulo, con dos reuniones "preparatorias" que buscan alcanzar acuerdos para generar un texto que pueda elevarse a la Legislatura y modificar el esquema de reparto actual, en un proceso que deberá definirse antes de que termine marzo según el cronograma oficial.