En una audiencia de cesura realizada este miércoles, el Ministerio Público Fiscal y el defensor de menores solicitaron una pena de 11 años de prisión para un hombre que fue declarado responsable de abusar sexualmente de una adolescente que residía en su hogar a través de un programa de familias solidarias. Por su parte, la defensa del acusado pidió la pena mínima prevista de 10 años.

El hombre había sido hallado culpable el pasado 17 de diciembre por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con una menor de 18 años, en concurso ideal con corrupción de menores agravada, todo en calidad de autor.

Durante la audiencia, que contó con la declaración de cuatro testigos, la Fiscalía expuso los fundamentos de su pedido. Entre los atenuantes, mencionó la falta de antecedentes penales del imputado, pero enumeró diversos agravantes vinculados al contexto del hecho. Entre ellos, la situación de máxima vulnerabilidad de la víctima, quien desde pequeña estaba bajo el cuidado de instituciones de protección estatal y carecía de familiares directos. El acusado, en su rol de familia solidario, había establecido un vínculo de confianza tanto con el Estado como con la adolescente, confianza que –según la acusación– fue vulnerada.

"Este hombre abusó de esa relación de confianza y de la posición de guarda, y luego buscó ocultar lo sucedido y garantizar su impunidad", enfatizó la Fiscalía, señalando que el imputado habría entregado dinero a la adolescente para evitar que relatara los hechos.

Además, se destacaron los testimonios de profesionales de la psicología que evidenciaron el grave impacto afectivo y emocional sufrido por la joven, reflejado en dificultades para expresarse y establecer vínculos con sus pares. La extensión del daño causado fue señalada como un elemento central para determinar la sanción.

El defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes adhirió al pedido fiscal y agregó cuatro circunstancias agravantes: la situación de indefensión de la víctima, que los abusos ocurrían en el domicilio del acusado cuando estaban a solas, la insistencia del imputado para que la adolescente permaneciera en la vivienda pese a la oposición de su pareja, y el uso de dinero como mecanismo para asegurar el silencio de la joven. También mencionó que la víctima, quien había logrado construir vínculos en la localidad donde residía, debió abandonar ese lugar para alejarse de lo vivido.

En su alegato, el abogado defensor solicitó la pena mínima de 10 años, argumentando que el hombre siempre respondió a las convocatorias judiciales y que la finalidad de la pena debe orientarse a la resocialización, objetivo que –según sostuvo– no se cumple en establecimientos carcelarios.

El tribunal interviniente anunció que la resolución final será comunicada durante la próxima semana.