En medio de inquietudes surgidas en la Región Sur, la directora de Educación Secundaria del Ministerio, Corina Acosta, se refirió al proceso de análisis de solicitudes de ingreso a las residencias estudiantiles de la Línea Sur, aclarando que durante el mes de febrero se lleva adelante un trabajo técnico minucioso enmarcado en la normativa 1681.

La funcionaria explicó que este período del año está destinado a evaluar la documentación remitida por las supervisiones escolares, analizar cada situación en particular y, en los casos necesarios, requerir información adicional. Para ello, los equipos técnicos realizan visitas domiciliarias, entrevistas con las familias y articulaciones con los consejos escolares, con el objetivo de contar con un diagnóstico integral antes de tomar una decisión.

Acosta detalló que las solicitudes de ingreso a residencias deben ajustarse a los criterios establecidos por la resolución 1681, que fija las condiciones para acceder a este beneficio. En ese sentido, remarcó que la Dirección tiene la responsabilidad de ser rigurosa en el estudio de cada caso, ya que se trata de decisiones que impactan directamente en la trayectoria educativa y en la vida cotidiana de niños y adolescentes.

La directora subrayó que en muchas comunidades existe oferta educativa a través de las SRN rurales virtuales, un formato que, pese a su denominación, garantiza presencialidad en cada localidad. Estas propuestas cuentan con docentes en anexos que desarrollan las planificaciones pedagógicas diseñadas desde la sede, utilizando herramientas digitales y conectividad, pero con acompañamiento directo en territorio. Según indicó, este modelo permite garantizar el derecho a la educación sin que los estudiantes deban alejarse de su entorno familiar y comunitario.

Por ese motivo, cuando un alumno solicita ingresar a una residencia pese a contar con oferta educativa en su localidad, el análisis es aún más profundo. Se evalúan con mayor detalle las razones expuestas por la familia, la documentación presentada y las posibles intervenciones complementarias. La prioridad, afirmó, es que los chicos de 12 o 13 años puedan crecer junto a sus familias siempre que existan condiciones pedagógicas para ello.

No obstante, aclaró que el ingreso a residencias se aprueba cuando no hay oferta educativa cercana o cuando se presentan situaciones particulares que lo justifican, como problemas de transporte escolar, condiciones laborales de los padres que implican ausencias prolongadas o contextos socioeconómicos que dificultan la permanencia del estudiante en su hogar sin acompañamiento.

En algunos casos donde existe oferta educativa pero no transporte escolar, el Ministerio trabaja en articulación para evaluar alternativas que permitan garantizar el traslado diario, evitando así el desarraigo innecesario.

Finalmente, Acosta desmintió versiones sobre posibles cierres de residencias. Aseguró que no se está evaluando el cierre de establecimientos ni de cargos, y que las decisiones adoptadas hasta el momento responden exclusivamente al cumplimiento o no de los requisitos establecidos. Aquellas solicitudes que no fueron aprobadas continúan bajo análisis cuando se ha requerido información adicional, en coordinación con las supervisiones correspondientes.

De esta manera, desde la Dirección de Educación Secundaria remarcaron que el proceso se desarrolla bajo criterios universales, con evaluación caso por caso y con el objetivo central de garantizar el derecho a la educación, priorizando siempre el interés superior de los estudiantes.