En un hecho que conmociona a los vecinos de calle Perú al 200, la justicia de Viedma imputó formalmente a Cristian Alberto Ordeale, de 28 años, por el delito de homicidio simple en perjuicio de Luis Miguel Santana, de 38 años. El trágico suceso ocurrió en la mañana del sábado 28 de febrero en el interior de una vivienda de esa dirección, donde ambos eran inquilinos.

De acuerdo a la investigación fiscal, el hecho se desencadenó alrededor de las 7:15 de la mañana, cuando Ordeale se dirigió a la habitación de Santana con la intención de mantener una discusión. Según los testimonios recabados, entre ellos el del propietario del inmueble, Carlos Alberto Rost, quien fue testigo ocular, ambos hombres se trenzaron en una pelea en el patio de escasas dimensiones que da acceso a la pieza de la víctima.

En el enfrentamiento, Santana sufrió cuatro heridas de arma blanca, una de ellas en la región del corazón, lo que le provocó un taponamiento cardíaco y su posterior fallecimiento. La autopsia preliminar confirmó la gravedad de las lesiones y la causa del deceso.

UNA ENTREGA VOLUNTARIA Y UN TESTIGO CLAVE

Si bien el hecho ocurrió el sábado por la mañana, recién al día siguiente, alrededor de las 12:30 del mediodía, el dueño de la propiedad encontró el cuerpo sin vida de Santana y dio aviso al 911. Horas más tarde, cerca de las 21:00 del domingo, Ordeale se presentó voluntariamente en la Comisaría 34, preguntando el motivo por el cual era buscado. En ese momento, conforme a lo dispuesto por la fiscal Yanina Estela Pasarelli, fue detenido y alojado en la Comisaría Primera a la espera de la audiencia.

El testimonio de Rost fue fundamental para reconstruir lo sucedido. El propietario relató que, desde su balcón, observó parte de la pelea, donde vio a Santana apuñalando a Ordeale en la espalda. Según su declaración, él gritó para que pararan y hasta llamó dos veces al 911 alrededor de las 7:20 de la mañana del sábado, pero la policía no se acercó al lugar en ese momento. Luego del altercado, Ordeale huyó por los techos de las viviendas vecinas.

Otros testimonios, como el de la pareja de Ordeale, Sabrina Albornoz, quien también vive en el lugar, aportaron más detalles. La mujer declaró que esa mañana su pareja salió a buscar a Santana por una diferencia que tenían y que, al asomarse, vio que ambos estaban armados con elementos punzantes. Incluso, ella misma hizo una denuncia por violencia de género (Ley 3040) ese mismo día, tras ser amenazada por Ordeale.

FORMULACIÓN DE CARGOS Y PRISIÓN PREVENTIVA

En la audiencia de formulación de cargos realizada este lunes, la fiscal Pasarelli, junto a su adjunta Sofía Lento, presentaron los elementos de convicción recolectados, que incluyen el procedimiento policial, las entrevistas a testigos (vecinos, la pareja del imputado y un amigo de la familia), las certificaciones médicas de las lesiones de la víctima y del imputado, y el adelanto de la autopsia.

La defensa de Ordeale, a cargo de la doctora Graciela Carrijeo, solicitó una medida menos gravosa para su asistido, argumentando que no tiene antecedentes, que se entregó voluntariamente y que tiene un hijo menor de edad y su pareja en la ciudad, proponiendo que firme diariamente en la comisaría.

Sin embargo, el juez de garantías hizo lugar al pedido de la fiscalía y dictó la prisión preventiva de Ordeale por el plazo de cuatro meses, mientras dure la investigación penal preparatoria. Para tomar esta decisión, el magistrado evaluó la falta de arraigo del imputado en Viedma (ya que fue excluido de la vivienda y su residencia era precaria), la gravedad del delito imputado (que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión), y el hecho de que Ordeale intentó eludir a la justicia durante casi 48 horas antes de entregarse. Además, se mencionó que el acusado posee un pedido de captura vigente en otra jurisdicción.

El imputado quedará alojado en el complejo penal y será trasladado en las próximas horas para ser evaluado por el Cuerpo Médico Forense debido a las lesiones que presenta. La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Viedma, continuará por un plazo de cuatro meses para reunir más pruebas y esclarecer completamente la dinámica del fatal enfrentamiento.