En el marco de la audiencia por la Revisión Tarifaria Extraordinaria, la concesionaria de agua potable y cloacas Aguas Rionegrinas S.A. solicitó una adecuación tarifaria del 48,98%, argumentando la necesidad de restablecer el equilibrio económico-financiero del servicio. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo de Río Negro, a cargo de Adriana Santagati, se opuso firmemente a la propuesta.

El organismo consideró que la solicitud de la empresa “no satisface los estándares de razonabilidad, proporcionalidad ni transparencia” exigidos para un servicio público esencial como el agua. Santagati fundamentó el rechazo en la falta de una justificación técnica integral, la ausencia de mejoras verificables en la prestación y el impacto negativo que el incremento tendría sobre la economía de los usuarios.

La Defensoría recordó que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano, reconocido en el bloque de constitucionalidad federal de la Argentina. En consecuencia, sostuvo que toda decisión tarifaria debe analizarse desde una perspectiva de derechos, priorizando la protección de los usuarios por encima de consideraciones meramente económicas.

Entre los puntos clave de su posición, la Defensoría exigió que, antes de discutir tarifas, se garanticen esquemas graduales, tarifas sociales y la prohibición de cortes por motivos económicos. Asimismo, advirtió que las familias rionegrinas atraviesan una situación de fragilidad económica y no pueden absorber aumentos desproporcionados. También cuestionó la falta de justificación técnica, señalando que la empresa no demostró que el aumento se traduzca en mejoras reales en la calidad o continuidad del servicio, ni acreditó el cumplimiento de inversiones previas.

Finalmente, la Defensoría exhortó al Departamento Provincial de Aguas, autoridad de aplicación, a desestimar el pedido de aumento formulado por Aguas Rionegrinas S.A.