El Sindicato Único de Prensa de Río Negro expresó su profunda preocupación ante el intento del gobierno nacional de eliminar el Estatuto del Periodista Profesional, una ley vigente desde hace más de ochenta años que garantiza derechos laborales fundamentales para miles de trabajadores de prensa en todo el país.

La iniciativa está incluida dentro del proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. El sindicato denunció que se encuentra incorporada como un apartado específico y alejado del núcleo central del debate, con el objetivo de que pase desapercibida dentro de los parámetros generales de la reforma.

Su aprobación dejaría a miles de periodistas y trabajadores de prensa, tanto a nivel nacional como en la provincia de Río Negro, sin el amparo legal que hoy protege sus condiciones de trabajo y sus derechos adquiridos.

En este marco, el gremio local, junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el conjunto de los sindicatos de prensa del país, reclamó a los senadores nacionales por Río Negro que se manifiesten públicamente sobre este proyecto y que no convaliden una iniciativa que, a su juicio, avanza en detrimento de los derechos laborales del sector.

El Sindicato recordó que, desde su conformación en diciembre de 2023, y a través de las organizaciones que lo precedieron, viene denunciando el alarmante nivel de precarización en las empresas periodísticas de la provincia, donde se registran trabajo no registrado, despidos arbitrarios e incumplimiento sistemático de compromisos laborales.

Aun en ese contexto, señalaron que el Estatuto del Periodista ha funcionado históricamente como una herramienta de amparo legal, permitiendo encuadrar reclamos, frenar abusos y sostener derechos básicos frente a prácticas empresariales que vulneran la legislación.

Desde la organización se remarcó que el Estatuto y sus normas complementarias no solo regulan condiciones laborales, sino que establecen derechos esenciales vinculados a la naturaleza de la actividad. Entre ellos se encuentran la estabilidad laboral, la indemnización por despido, una jornada de 36 horas semanales, y derechos profesionales como la libertad de expresión, el libre acceso a las fuentes de información y la prohibición de discriminación por opinión política o gremial.

Subrayaron que la constitucionalidad de estas normas ha sido ratificada en reiteradas oportunidades por los tribunales de todo el país, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reconocimiento de la función social del periodismo y de la necesidad de garantizar condiciones que preserven la independencia y la calidad de la tarea informativa.

Finalmente, el Sindicato sostuvo que existe una voluntad manifiesta de avanzar con reformas estructurales sin escuchar a los trabajadores, profundizando un escenario de vulneración de derechos. Por ello, exigió que cualquier modificación del Estatuto del Periodista sea discutida de manera amplia y democrática, con la participación activa de quienes ejercen la profesión.