El Ejecutivo provincial resolvió extender por seis meses la continuidad laboral de la mayoría de los contratos estatales que vencen el 31 de diciembre, una señal de estabilidad en un cierre de año donde la incertidumbre suele hacer ruido. La instrucción fue comunicada desde el área de Función Pública a los distintos ministerios y organismos.

La medida alcanzará a alrededor de 2.000 trabajadores y trabajadoras, con una fuerte presencia en Salud —unos 600 vínculos—, seguida por Educación, donde se concentran cerca de 400 contratos vinculados a tareas de portería y servicios. El resto se distribuye en diversas áreas del Estado provincial.

Según fuentes oficiales, solo un número reducido de casos no continuará, principalmente en el ámbito sanitario, por observaciones puntuales vinculadas a incumplimientos laborales o situaciones disciplinarias. Se trata, remarcan, de excepciones y no de una política de recorte generalizado.

A diferencia de otros años, cuando el foco estuvo puesto en auditorías exhaustivas y revisiones que derivaron en bajas iniciales —muchas de ellas luego revertidas tras negociaciones gremiales—, esta vez primó la decisión de sostener los puestos de trabajo. El mensaje es claro: primero la continuidad, después el ordenamiento.

El universo de contratos es heterogéneo. Conviven trabajadores con tres o cuatro años de antigüedad con incorporaciones más recientes, algunas surgidas de esquemas laborales irregulares heredados, como personal que cobraba bajo modalidades no acordes a su función real.

Entre los antecedentes aparece el frustrado plan de pase a planta permanente anunciado en marzo de 2023 por la entonces gobernadora Arabela Carreras junto al titular de ATE, Rodolfo Aguiar. Aquella iniciativa no avanzó por la oposición del entonces senador Alberto Weretilneck, hoy nuevamente en el centro del escenario político provincial.