Una denuncia penal fue presentada en las últimas horas para que se investiguen las responsabilidades penales por el incendio rural de gran magnitud ocurrido días atrás en la zona de islas y campos ribereños del valle inferior del río Negro, en la zona de Monte Bagual, jurisdicción de Guardia Mitre.

La presentación fue realizada por propietarios de campos afectados, quienes solicitaron la intervención del Ministerio Público Fiscal al considerar que el siniestro no fue un accidente inevitable, sino la consecuencia directa de tareas de quema realizadas de manera negligente, sin autorización y en plena vigencia del estado de Emergencia Ígnea en la provincia.

Según surge de la denuncia y de los informes técnicos incorporados como prueba, el fuego se habría iniciado durante trabajos de limpieza rural con uso del fuego, una práctica expresamente prohibida por normativa provincial y nacional debido al riesgo extremo existente. De acuerdo a la presentación, hay dos personas identificadas como las que habrían iniciado la quema. Las llamas escaparon de control, cruzaron el río, alcanzaron islas y se propagaron en distintas direcciones, afectando numerosos establecimientos productivos.

El escrito judicial sostiene que la conducta investigada no solo violó leyes ambientales y penales, sino que además puso en riesgo la vida y la salud de personas, en un contexto particularmente sensible por las celebraciones de fin de año, cuando muchas familias se encontraban reunidas en la zona. El incendio obligó a un despliegue extraordinario de recursos estatales, con brigadistas, bomberos y medios terrestres trabajando durante horas para contener el avance del fuego.

De acuerdo con el informe del SPLIF, incorporado a la causa, el origen del incendio fue calificado como negligente, al haberse iniciado una quema sin medidas de seguridad, sin autorización y en un escenario de alerta máxima ampliamente difundido por organismos oficiales y medios de comunicación.

La denuncia solicita la apertura formal de una investigación penal, la incorporación de informes técnicos, la producción de pruebas y la evaluación de medidas sobre comunicaciones telefónicas y digitales de las personas vinculadas al hecho. También deja expresamente abierta la posibilidad de acciones civiles y patrimoniales para recuperar los costos del combate del incendio y los daños ocasionados, tanto a particulares como al Estado provincial.