La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) seccional Río Negro emitió una dura respuesta a las recientes manifestaciones del Consejo Provincial de la Función Pública, encabezado por la secretaria Tania Lastra. A través de una nota firmada por su secretario general, Juan Carlos Scalesi, el gremio denunció que “el ajuste desde el gobierno empleador hacia los trabajadores estatales es una realidad concreta, palpable y visible en cada trabajador y en sus familias”.

El sindicato sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para cubrir las necesidades básicas y la caída del consumo son reflejos de una política salarial que golpea directamente a los empleados públicos. Además, apuntó a una “discriminación sostenida en el tiempo”, visible —según expresaron— en las diferencias de trato y de ingresos con otros sectores del Estado provincial.

En el documento, UPCN recordó que participó activamente en la creación del Consejo de la Función Pública, concebido como un espacio de diálogo y consenso sobre salarios y condiciones laborales, pero que hoy “se encuentra en deuda con los trabajadores públicos”. El gremio advirtió que aún está pendiente la creación de un escalafón que dignifique al personal y contemple sus verdaderas necesidades.

La nota también cuestionó las comparaciones con los ingresos del personal estatal nacional, al remarcar que los trabajadores rionegrinos tienen un 80% del salario compuesto por sumas no remunerativas, lo que “deprecia conceptos como la antigüedad y la zona”. “Debimos recurrir a la Ley 4640 para subsanar parcialmente los aportes previsionales”, señaló el gremio.

Por otra parte, Scalesi planteó dudas sobre cómo el Gobierno provincial afrontará el pago del aguinaldo sobre el bono recientemente otorgado de manera unilateral, y advirtió que decisiones de ese tipo “profundizan la desigualdad y la incertidumbre entre los trabajadores”.

Finalmente, UPCN instó a las autoridades a no negar la realidad que atraviesan los empleados públicos y pidió una convocatoria urgente al diálogo. “La soberbia es mala consejera —advirtió el gremio—. En lugar de intentar justificar lo injustificable, lo más sensato sería convocar a una reunión donde podamos explicar el alcance y el sentido de la contrapropuesta presentada”.

La carta concluye reafirmando el compromiso del sindicato con “la defensa responsable y proporcional de los derechos de los trabajadores públicos de la provincia”.