La madre del oficial de policía rionegrino Gabriel Emanuel Mandagaray, fallecido en abril de 2021 durante una instrucción del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) en Bahía Creek, elevó una denuncia ante la Legislatura provincial para que se investigue y someta a juicio político a cuatro integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro.

La presentación, realizada por Elsa Adriana Fabi, apunta contra los jueces Cecilia Criado, Sergio Ceci, Ricardo Apcarián y Liliana Piccinini, a quienes acusa de “mal desempeño” y “abuso de autoridad” por su intervención en la etapa final del proceso judicial por la muerte de su hijo.

El planteo ingresó a la Legislatura tras una denuncia inicial ante el Consejo de la Magistratura, aunque se aclaró que el camino formal para este tipo de planteos contra magistrados del STJ es la vía política, mediante la comisión de juicio político del parlamento rionegrino.

En su escrito, Fabi sostuvo que el Superior Tribunal “entorpeció el avance de la causa” al devolver el expediente al Tribunal de Impugnación para una nueva revisión, pese a que ya existían condenas firmes contra cuatro policías por lo ocurrido durante la capacitación.
Aseguró que esas decisiones “han generado un manto de impunidad” y recordó que “las pruebas fueron contundentes para acreditar una muerte bajo custodia”.

“Mi hijo estaba allí por orden de sus superiores, no por elección propia. Lo que hizo el máximo tribunal fue prolongar nuestro dolor y poner en duda lo que la Justicia ya había probado”, escribió.

La denuncia fue dirigida al vicegobernador Pedro Pesatti, en su carácter de presidente de la Legislatura, quien dispuso el trámite administrativo correspondiente. El expediente fue girado a la comisión de juicio político, integrada por los legisladores Ariel Bernatene (UCR), Facundo López, Silvia Morales y Lucas Pica (JSRN), y Gabriela Picotti (Pro Unión Republicana), que evaluará la admisibilidad del pedido.

Mientras tanto, la familia Mandagaray insiste en que la causa judicial —que lleva más de cuatro años— vuelva a avanzar y se respete el fallo condenatorio que responsabilizó a miembros del COER por la muerte del joven oficial durante una instrucción extrema en la costa rionegrina.