El peronismo de Río Negro abrió una nueva ofensiva política en el Congreso al pedir que la Comisión de Asuntos Constitucionales analice con urgencia una objeción formal contra la asunción de la libertaria Lorena Villaverde como senadora nacional. El planteo ingresó este lunes al mediodía y encendió la previa de la reunión prevista para este miércoles, donde el cuerpo deberá expedirse.

La presentación, firmada por los apoderados partidarios Manuel Castañeda y Juan Manuel Mandagarán, reclama que el cuestionamiento sea distribuido de inmediato entre los integrantes de la Comisión, un espacio clave integrado por 19 legisladores de distintas fuerzas. Allí conviven sensibilidades políticas muy diversas y, según anticipan en despachos parlamentarios, no se descarta que surjan dictámenes contrapuestos sobre la situación de Villaverde.

La legisladora libertaria, con mandato vigente en la Cámara de Diputados, accedió a la banca del Senado tras quedar en segundo lugar en las elecciones que otorgaron dos escaños al peronismo —los de Martín Soria y Ana Marks— y uno a La Libertad Avanza. Su jura está prevista para la sesión preparatoria del 28 de noviembre, momento en el que cada pliego será sometido a votación del recinto.

La figura de Villaverde fue uno de los ejes más ásperos de la campaña en Río Negro. El PJ la acusó públicamente de mantener vínculos con el empresario Fred Machado, extraditado recientemente a Estados Unidos por una investigación vinculada al narcotráfico. El nombre de Machado apareció en las últimas semanas asociado al financiamiento electoral de referentes libertarios en Buenos Aires y su primo, Claudio Ciccarelli, habría actuado como nexo con Villaverde.

En el escrito ingresado al Senado, los impugnantes señalan un conjunto de antecedentes que, a su criterio, ponen en duda la idoneidad de la diputada para asumir en la Cámara Alta. Entre los argumentos mencionan expedientes judiciales previos y posteriores a la elección, así como conductas durante la campaña que incluirían presiones hacia periodistas, abogados y ciudadanos.

El justicialismo rionegrino sostiene que ese cuadro compromete “los principios republicanos, la transparencia en el proceso electoral y las exigencias constitucionales” para ejercer un cargo de representación nacional. Ahora será la Comisión de Asuntos Constitucionales la que deberá ordenar el tablero antes de que el Senado, finalmente, decida.