
Proponen transparentar los alquileres del Estado provincial
Iniciativa parlamentaria del legislador Berros.
El legislador José Luis Berros presentó un proyecto de ley que busca mejorar la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos destinados a alquileres de inmuebles por parte del Estado rionegrino. La iniciativa propone la modificación de la Ley H Nº 4776 para la creación de un Registro Único de Alquileres de Edificios Públicos del Estado, que centralizará y sistematizará toda la información sobre los contratos de locación suscritos por organismos estatales.
La contratación de inmuebles para oficinas y dependencias estatales representa un gasto significativo para la provincia. Sin embargo, la falta de un sistema integrado que registre esta información dificulta el control ciudadano y la adopción de medidas que optimicen el uso de los recursos. Con este registro, se espera evitar sobreprecios, identificar irregularidades y garantizar que las contrataciones se realicen en condiciones de equidad y razonabilidad.
El proyecto establece que el registro abarcará los alquileres suscritos por el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos descentralizados, asegurando que los datos sobre montos, plazos, ubicaciones y condiciones de los contratos sean accesibles al público. Para ello, se estipula la obligación de publicar esta información en una plataforma digital de acceso libre, promoviendo la rendición de cuentas y evitando discrecionalidades en la gestión de los fondos estatales.
La autoridad de aplicación de la norma será el Ministerio de Economía, encargado de la implementación y mantenimiento del registro, además de la reglamentación de los mecanismos de inscripción y actualización de datos. Se prevé un plazo de 90 días para la reglamentación de la ley, con el fin de establecer criterios claros y uniformes para su funcionamiento.
Con este proyecto, el legislador José Luis Berros busca dotar al Estado de herramientas modernas de gestión y control, fortaleciendo la transparencia en el uso de los recursos públicos y asegurando un acceso más amplio a la información gubernamental. De aprobarse, se espera que la implementación del Registro Único de Alquileres contribuya a una administración más eficiente y responsable del patrimonio estatal.